POR: REDACCIÓN
El senador de Morena, Javier Corral Jurado, anunció que desistirá de la impugnación que mantenía contra el no ejercicio de la acción penal determinado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Dicho recurso legal buscaba reabrir el caso e investigar a la gobernadora de Chihuahua,
Maru Campos, por el presunto delito de secuestro, tras el tenso y fallido intento de detención en su contra ocurrido el 14 de agosto de 2024 en el restaurante Gin Gin de la capital del país.
A través de un comunicado conjunto con su buffet de abogados, Schütte & Delsol, Corral explicó sus motivos y lanzó duras críticas contra la mandataria panista.
El exgobernador de Chihuahua argumentó que su decisión se debe a que no quiere prestarse a lo que considera una estrategia de distorsión informativa y manipulación de las instituciones.
«El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván…»
En el comunicado se detalla que la gobernadora ha operado bajo un «doble rasero»:
En la Ciudad de México Ha denunciado este trámite legal argumentando que es víctima de una «persecución política».
En Chihuahua Ha utilizado la resolución de la Fiscalía capitalina ante la opinión pública local presentándola como si fuera una prueba de su «exoneración».
Con este desistimiento, la determinación de no proceder penalmente en el fuero común de la CDMX en relación con el operativo de agosto de 2024 quedará firme (se mantendrá el carpetazo).
El caso se traslada a la FGR A pesar de abandonar este recurso local, la defensa del senador subrayó que este movimiento no significa que el conflicto haya concluido. El equipo jurídico de Javier Corral apuntó que el intento de arresto en 2024 fue solo parte de un «montaje» más grande orquestado de manera concertada por autoridades del Poder Ejecutivo, ministeriales y judiciales del estado de Chihuahua.
Por tal motivo,
recalcaron que las diversas denuncias presentadas por delitos cometidos en su contra siguen bajo investigación abierta en el ámbito federal, específicamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia en la que concentrarán su estrategia legal.
