POR: REDACCIÓN
El reporte publicado por el Semanario ZETA de Tijuana detalla que las visas estadounidenses de Alfonso Durazo (gobernador de Sonora) y de Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas) se encuentran revocadas en los sistemas migratorios de Estados Unidos.
Esta investigación periodística confronta las versiones públicas de ambos mandatarios y expone los siguientes puntos clave
Según fuentes consultadas por el semanario dentro del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS), las visas de ambos gobernadores de Morena aparecen formalmente como «revocadas, canceladas o nulificadas» en su plataforma interna.
Las fuentes migratorias explicaron que Durazo y Villarreal todavía tienen el documento físico en su poder simplemente porque no han intentado cruzar la frontera. La autoridad estadounidense solo puede retirar la tarjeta físicamente si el portador se presenta en un puerto de entrada o garita internacional.
Aunque los funcionarios del Departamento de Estado no revelaron detalles específicos de los expedientes individuales, señalaron que las cancelaciones derivan de presuntas investigaciones que involucran supuestos nexos (directos o mediante terceros) con el narcotráfico o el crimen organizado.
Esta revelación de ZETA ocurrió tras un reportaje inicial del diario Los Angeles Times, que ya adelantaba que ambos políticos eran objeto de investigaciones federales en EE. UU..
Tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal salieron públicamente a negar las acusaciones, tachándolas de falsas e «infamias». Ambos afirmaron en sus redes sociales que sus documentos migratorios siguen 100% vigentes y que no tienen ninguna investigación abierta en su contra. Durazo llegó a declarar de manera tajante: «No creo que deba ir a EU sólo para probar que tengo visa».
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el manejo de la información y acusó que este tipo de filtraciones o reportajes corresponden a «prácticas intervencionistas» por parte de agencias de Estados Unidos.
Con este panorama, la discrepancia se mantiene entre los registros digitales que las fuentes estadounidenses aseguran que ya fueron desactivados, y las declaraciones firmes de los gobernadores sosteniendo la validez de sus tarjetas físicas.
