POR: REDACCIÓN
La afirmación hace referencia a Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual diputada federal por Morena.
A finales de abril de 2026, Sánchez Cordero junto con un grupo de legisladores de su bancada como Alfonso Ramírez Cuéllar y Javier Corral— presentó y defendió una nueva iniciativa constitucional que busca ajustar y perfeccionar la Reforma Judicial originalmente aprobada en septiembre de 2024.
Puntos clave de la propuesta defendido
La iniciativa tiene como objetivo corregir vacíos legales e inconsistencias detectadas tras el primer proceso de elección de juzgadores en 2025. Los ejes principales que defienden son:
Propone sustituir requisitos que consideraron «subjetivos» (como el promedio mínimo de 8 en la carrera o cartas de recomendación de vecinos) por parámetros objetivos, exigiendo exámenes de conocimientos y una certificación oficial de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Plantea recorrer a 2028 las elecciones de magistrados y jueces que restaban por renovarse, evitando que coincidan con otros procesos federales y dando margen para subsanar fallas técnicas.
Sugiere que un solo comité se encargue de evaluar y seleccionar las candidaturas de los aspirantes para evitar la dispersión que se vivió con los tres comités independientes del año previo.
Creación de Secciones en la SCJN: Busca añadir dos secciones al máximo tribunal para suplir las funciones operativas de las salas que habían sido extinguidas en el decreto original.
Propone instaurar una instancia de vigilancia civil para evaluar de manera continua el desempeño técnico y ético de los nuevos juzgadores. Postura y argumentos
Sánchez Cordero y los firmantes sostienen que esta propuesta no contradice el espíritu original de la reforma (la democratización del Poder Judicial mediante el voto popular), sino que se inscribe en una lógica de perfeccionamiento institucional. Argumentan que estas modificaciones son necesarias para brindar certeza jurídica, profesionalización y erradicar la incertidumbre que generaron los vacíos de la primera etapa del nuevo modelo judicial.
