POR: REDACCIÓN
La reciente decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de imputar formalmente al expresidente cubano Raúl Castro ha desatado una ola de fuerte rechazo, consternación e indignación tanto en las autoridades del gobierno cubano como en sectores de la población civil en La Habana.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente al líder comunista de 94 años por los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
El caso se remonta a hace tres décadas: el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron dos avionetas civiles desarmadas pertenecientes a la organización de exiliados basada en Miami, «Hermanos al Rescate»,
provocando la muerte de cuatro personas (tres de ellas ciudadanos estadounidenses). En aquel momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Fuerzas de Defensa) y la Fiscalía estadounidense sostiene que él ordenó o autorizó directamente el ataque.
1. Rechazo enérgico del Gobierno Cubano
A través de un comunicado oficial del Gobierno Revolucionario, La Habana calificó la imputación como una «canalla acusación» y un acto «despreciable e infame de provocación política».
Cuba sostiene que Estados Unidos carece de jurisdicción y legitimidad para juzgar el hecho. Aseguran que el derribo de las avionetas en 1996 fue un acto de soberanía y legítima defensa aérea, tras registrarse más de 25 violaciones deliberadas a su espacio aéreo por parte de la organización (a la que catalogan de terrorista) entre 1994 y 1996, a pesar de las múltiples advertencias formales que enviaron en su momento al gobierno de Washington.
2. Protesta social y temor en la población civil
En las calles de La Habana, la noticia fue recibida con sorpresa y malestar por parte de la ciudadanía. La indignación popular se mezcla con un fuerte sentimiento de preocupación Muchos ciudadanos y analistas locales consideran que reactivar un caso judicial de hace 30 años no busca justicia real, sino golpear la imagen de la revolución y justificar un recrudecimiento de la hostilidad política.
La población cubana vive este episodio con temor, ya que se contextualiza en medio de una durísima crisis energética y económica profundizada por el embargo y el bloqueo petrolero de EE. UU. Además,
en la isla se trazan paralelismos directos con lo ocurrido meses atrás en Venezuela, donde Washington utilizó acusaciones judiciales internas como preámbulo para aumentar la presión que derivó en la caída de Nicolás Maduro. Existe un temor generalizado a que esta imputación a Castro sea el paso previo a una escalada de agresión bélica contra la isla.
La medida representa uno de los puntos de tensión diplomática más álgidos entre ambos países en los últimos años, tocando directamente a una de las figuras históricas y morales más influyentes que le quedan al régimen cubano.
