POR: REDACCIÓN
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja la profunda molestia del gobierno mexicano ante lo que consideran una estrategia de presión política y un golpe mediático por parte de agencias de Estados Unidos, utilizando la filtración de información a medios internacionales.
Al cuestionar directamente “¿Cuál es el interés de quitar la visa y hacerlo público?”, la mandataria apunta a tres argumentos centrales que han definido la narrativa oficial de su administración frente a estos casos:
Para el gobierno mexicano, la revocación de visas y, sobre todo, la filtración de este hecho a la prensa no es un procedimiento meramente administrativo o judicial, sino un mecanismo de presión diplomática. Sheinbaum argumenta que si existieran pruebas contundentes y expedientes sólidos,
se seguirían los canales diplomáticos y judiciales oficiales (como las solicitudes de extradición o la colaboración bilateral formal), en lugar de recurrir a filtraciones que dañan la reputación de funcionarios públicos en funciones sin que exista una acusación formal en un tribunal.
La reacción presidencial se alinea con la doctrina de la «Cuarta Transformación» de rechazar cualquier tipo de intervencionismo extranjero. Desde la perspectiva oficial, estas investigaciones reactivadas o difundidas bajo la administración de Donald Trump buscan debilitar la gobernabilidad en estados clave (como Sonora y Tamaulipas, ambos fronterizos y estratégicos para el comercio y la migración) y restar legitimidad al partido Morena.
El cuestionamiento sobre el «interés público» sugiere que la intención de las agencias estadounidenses es generar un impacto en la opinión pública mexicana.
La postura de la presidenta respalda las declaraciones de los propios Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes han señalado que no existe ninguna notificación oficial por parte del Departamento de Justicia o de la embajada estadounidense sobre algún cargo en su contra.
Al no haber un juicio abierto, el gobierno federal de México califica el reporte como una campaña de descalificación basada en testimonios de «fuentes anónimas».
México mantendrá la postura de exigir respeto a su soberanía y no reconocerá la validez de investigaciones unilaterales extranjeras contra gobernadores en funciones, argumentando que cualquier delito cometido en territorio nacional debe ser investigado y juzgado por las autoridades mexicanas.
