Ley General de Seguridad Privada: Necesaria Para un México Seguro y Competitivo
POR: REDACCIÓN
La seguridad privada en México enfrenta un momento decisivo en el contexto de las recientes reformas legislativas en materia de seguridad pública. La dictaminación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública representa un avance en la estrategia de seguridad, pero es esencial que este esfuerzo legislativo se armonice con una Ley General de Seguridad Privada que brinde certeza y claridad a un sector fundamental para la seguridad del país.
El Congreso de la Unión ha postergado por demasiado tiempo la expedición de esta ley, pendiente desde la reforma constitucional de mayo de 2021, lo que ha provocado un entorno regulatorio fragmentado. Actualmente, la seguridad privada opera bajo un esquema de normativas contradictorias: una legislación federal obsoleta, 32 leyes estatales con regulaciones divergentes y múltiples ordenamientos municipales. Esta dispersión ha generado más de 500 contradicciones normativas que obstaculizan la formalización del sector, favorecen la informalidad y permiten la operación de empresas sin certificación ni supervisión adecuada. Esto, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, la debilita.
Las reformas recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados refuerzan la seguridad pública mediante inteligencia, coordinación interinstitucional y modernización de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, incurren nuevamente en el error de replicar disposiciones regulatorias para la seguridad privada dentro de un marco normativo que no le corresponde, generando confusión y estructuras híbridas incompatibles con su naturaleza. Estas disposiciones deben ser establecidas con mayor claridad, sencillez y certeza jurídica en la Ley General de Seguridad Privada.
De tal suerte, estas acciones quedarán incompletas si no se integra una regulación clara para la seguridad privada, que es un complemento indispensable en la protección de trabajadores, empresas e infraestructura crítica. Un marco normativo armonizado garantizará que las empresas del sector operen con estándares homologados y contribuyan de manera efectiva a la seguridad nacional.
