POR: REDACCIÓN
El gobierno de Guatemala salió de inmediato a desmentir una publicación de The New York Times que afirmaba que el país centroamericano había pactado con la administración de Donald Trump la realización de bombardeos y operaciones militares conjuntas en su territorio.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, fue tajante al frenar los rumores, aclarando qué es exactamente lo que se habló con Washington y cuáles son las líneas rojas que su país no va a cruzar.
Las dos caras de la moneda
Afirmaba que Bernardo Arévalo pactó ataques y bombardeos directos contra narcotraficantes en una llamada con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Arévalo negó rotundamente cualquier acuerdo de este tipo: «No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional».
Sostenía que era una escalada militar de la estrategia de EE. UU. y el plan «Escudo de las Américas» para combatir a los cárteles en la región. El gobierno aclaró que lo único enviado a Hegseth fue una carta solicitando cooperación, equipo, capacitación y entrenamiento para operaciones lideradas exclusivamente por las fuerzas guatemaltecas.
Sugería que EE. UU. busca usar a Guatemala y Honduras como plataformas para meter presión a México para que acepte misiones similares. Arévalo recordó que, por ley, el Ejecutivo no puede autorizar el ingreso de tropas u operaciones militares extranjeras esa es una facultad exclusiva del Congreso de la República, y su gobierno no tiene planeado solicitarlo.
Ante el revuelo que provocó la noticia, el portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, evitó confirmar o desmentir las versiones de operativos militares directos, limitándose a decir que el Departamento de Defensa no iba a «especular sobre futuras acciones».
Guatemala busca mantener el delicado equilibrio de recibir recursos, tecnología e inteligencia de la activa campaña antinarcóticos de la Casa Blanca (como las recientes interdicciones marítimas o el desmantelamiento de un macro laboratorio en Ayutla), pero cuidando al máximo su soberanía para evitar acusaciones de subordinación militar.
